El Decreto que (casi) paralizó la Liga. La verdad

Rueda de Prensa - AFE

La aprobación por parte del Gobierno del Decreto sobre la venta centralizada de los derechos televisivos de los clubes de fútbol en España ha desatado la polémica, al ser el origen de la huelga de futbolistas que puso en peligro la disputa de las dos últimas jornadas de la Liga 2014/2015 en primera y segunda división. Pero, ¿qué dice el Decreto y cuáles son los motivos por los que AFE y RFEF han mostrado su total disconformidad? ¿Por qué no ha tenido lugar finalmente la huelga?

Lo que dice el Real Decreto sobre la venta centralizada de los derechos televisivos

El Real Decreto-Ley 5/2015, de 30 de Abril —que, todo sea dicho, fue solicitado de manera conjunta al Gobierno por la RFEF y la LFP, ahora enfrentados— es una norma por la que se obliga a los clubes profesiones de fútbol que desarrollan su actividad en España a negociar de manera conjunta la venta de sus derechos televisivos. Asimismo, el Decreto dispone la manera en que los ingresos que se deriven de esa venta han de ser repartidos. Así, una vez se hayan obtenido dichos ingresos, que se estima se incrementarán desde los 750 – 850 millones de euros, que los clubes ingresan globalmente en la actualidad, a 1.000 – 1.500 millones, se repartirán entre los clubes de primera y segunda división a razón del 90 % para los primeros y del 10 % para los segundos.

Los equipos de primera división se repartirán el 50 % de lo que les toque equitativamente entre todos. El 25 % se repartirá en función de los resultados de las últimas cinco temporadas y el último 25 % se repartirá atendiendo al criterio de «notoriedad» o de «implantación social», que responde a elementos tan variopintos como la popularidad del club en las encuestas que realiza el CIS o los importes recaudados por taquillaje, abonados y cuotas de socio.

Dentro de esta distribución, merece especial atención el 25 % que se repartirá atendiendo a los resultados de las últimas cinco temporadas. Para establecer lo que cada club cobrará, las cinco temporadas se ponderarán de la siguiente manera: la última, el 35 %; la penúltima, el 20 %; y cada una de las restantes tres temporadas, el 15 %. En función de ello, se elaborará una clasificación de los 20 equipos que en cada momento compongan la primera división y se repartirán el dinero como queda reflejado en la siguiente tabla:

Tabla Reparto 1-25 % Primera

Entre los clubes de segunda, el 70 % se repartirá a partes iguales entre todos, el 15 % atendiendo al resultado de la última temporada y el 15 % restante atendiendo al citado criterio de implantación social. Además, la RFEF cobrará el 2 % de todo lo ingresado (el 1 % le llegará vía LFP), un 1 % se utilizará para pagar la Seguridad Social de otros deportistas de alto nivel, el 0,5 % tendrá como destino la AFE, los clubes de 2ªB y el fútbol femenino y, finalmente, el 3,5 % será usado para ayudar a los equipos que desciendan de categoría. Serán los clubes los que se encarguen de proporcionar estos importes, de manera que aquellos que más ingresen serán los que más ayuden a financiarlos.

Es importante señalar que el Decreto establece seis años de «garantía en el nivel de ingresos». Así, durante este tiempo, ningún club puede cobrar por derechos televisivos menos de lo que cobraba en el año base, que se establece en la actual temporada. Si, por ventura, con la venta centralizada de los derechos se ingresara menos de la suma de lo que ahora cobran los clubes individualmente, todos los equipos verían reducidos sus ingresos y no se tendría en cuenta el sistema de reparto antes señalado. Si, por el contrario, la venta del paquete supusiera un aumento en el nivel global de ingresos, se realizaría el reparto, pero se modificaría puntualmente en aquellos casos, si los hubiera, en los que algún club ingresara menos de lo que ingresa a día de hoy.

¿Dónde está la polémica que ha llevado a la AFE y la RFEF a declarar la huelga?

El sindicato de los futbolistas, la AFE, es la que más dura se ha mostrado contra el Decreto. En boca de su presidente, Luis Rubiales, la AFE considera, por un lado, que el reparto del 90 – 10 % entre la primera y la segunda división es desproporcionado y llevará, inexorablemente, a que las diferencias salariales entre los jugadores de ambas divisiones se incrementen. Por otro lado, consideran que el 0,5 % que recibirán es insuficiente. Señalan que en países como Francia, ese porcentaje es del 1,5 % y que, además, no tienen que compartirlo con nadie más. Por último, la AFE estima que en el Decreto no se ha incluido a los trabajadores, los futbolistas, como acreedores preferentes en los casos en que la situación de los clubes sea de quiebra. La Seguridad Social y Hacienda, por el contrario, si son señalados en el Decreto como acreedores preferentes, lo que no es sino una consecuencia de la aplicación de las leyes tributarias vigentes en España.

El caso de la RFEF es algo más peculiar. Además de las reivindicaciones puramente económicas que se derivan de la aplicación del Decreto, parece que entre su presidente, Ángel María Villar, y el de la LFP, Javier Tebas, existe una animadversión que viene de lejos y que ha provocado que la RFEF no haya enviado siquiera un representante a ciertas reuniones en las que se ha debatido sobre el Decreto en cuestión. Una de estas reuniones fue, sin ir más lejos, el acto de conciliación que el miércoles 13 de mayo convocó el juez para resolver la situación. Por otro lado, Ángel María Villar tiene otro enfrentamiento con Miguel Cardenal, Secretario de Estado para el Deporte, pues ha excluido a la Federación del cobro del 4,55 % de la recaudación por Quinielas que antes sí cobraban. La RFEF considera, además, que el 2 % que el Decreto les otorga es a todas luces insuficiente. Consecuencia de todo ello, ambas organizaciones decretaron una huelga para las dos últimas jornadas de Liga, que, a la vista está, no se han llegado a producir. ¿Por qué? Lo vemos a continuación.

Cómo se resolvió la huelga

Ante la gravedad de los hechos, la LFP solicitó a la Audiencia Nacional las medidas cautelares oportunas para que la huelga, «ilegal» en palabras del propio Javier Tebas, no tuviera lugar. La Audiencia Nacional convocó entonces a las partes al acto de conciliación antes citado, sin que del mismo saliera solución o acuerdo alguno. La Audiencia, por lo tanto, se vio obligada a decidir entre declarar la huelga legal, confirmar la ilegalidad anunciada por Tebas o, que es lo que finalmente sucedió, estimar las medidas cautelares solicitadas por la LFP y dejar la resolución para «cuando se entre a conocer de la demanda principal».

Los dos principales motivos que han llevado a la Audiencia Nacional a tomar esa decisión han sido, por un lado, el «graven desorden organizativo» que la huelga causaría en caso llevarse a cabo y, por otro, que «algunos de los objetivos de la huelga podrían tener por finalidad la modificación del convenio colectivo vigente» entre la LFP y la AFE, lo que no está contemplado como un fin lícito en la norma que regula el derecho a huelga. La Audiencia Nacional se refiere, para ser más precisos, a que en el actual convenio colectivo, cuya vigencia expirará el 31 de diciembre de 2016, ya está regulado el fondo de garantía salarial y, de igual manera, está incluido el pacto, firmado en junio de 2014, por el que la LFP destinaría el 0,5 % de lo ingresado por la venta centralizada de los derechos de televisión de la manera que marca el Decreto, que entonces aún no estaba aprobado.

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