¿Qué es Cabify?

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Desde la irrupción de Uber en las noticias por su enfrentamiento con los taxistas de medio mundo, los modernos servicios de transporte de viajeros están ligados sí o sí a la polémica. Cabify es uno de estos servicios pero, a diferencia de Uber, cumple estrictamente con la legalidad de los países en los que opera.

Cabify es un servicio que, desde su aplicación o sitio web, permite la contratación de vehículos de alta gama con chóferes privados. El precio es acordado antes de que el servicio se realice, pues la empresa calcula el recorrido y establece el precio en función de los kilómetros que se vayan a realizar. En el caso de Madrid, se pagan 2,95 euros por cada uno de los tres primeros kilómetros, 2 euros cada kilómetro hasta los 20 y el resto se paga a razón de 1,6 euros el kilómetro.

Aunque también permite «llamar» a taxis, no es este el servicio por el que la empresa se encuentra en franco crecimiento. Aun con todo, en este servicio también se diferencian de los taxis tradicionales, pues sus taxistas han de pasar un examen tras una formación que Cabify les presta, además de tener que se tienen que someter a las valoraciones de los usuarios ordinarios y las de los usuarios de incógnito, que son empleados de la propia empresa que los ponen a prueba.

Cabify cumple, como decíamos al principio, con la legalidad, pues todos los vehículos con los que trabajan tienen la licencia VTC (Vehículo de Turismo con Conductor). Las CCAA permiten a las empresas solicitar las licencias VTC en un máximo, en el caso de Madrid, de una por cada 30 licencias de taxi. Así, Cabify trabaja en la capital de España con 600 coches (y 4.000 conductores), que es el número máximo con el que la Comunidad de Madrid les permite trabajar (hay 18.000 taxis). Asimismo, los conductores que trabajan para Cabify son autónomos o empleados de empresas de transporte de viajeros con los que la start-up trabaja y se llevan una parte de los ingresos.

No obstante, los requisitos legales son muy diferentes según el país en el que se opere. Así, mientras que en España éstos son muy duros, en los demás países en los que opera Cabify (Chile, Perú, México y recientemente también en Colombia) las trabas legales con las que se encuentran son menores. Este es un aspecto, unid al extra de seguridad que le aporta a sus usuarios en determinadas áreas conflictivas de las ciudades latinoamericanas donde operan, que les ha permitido desarrollarse con mayor rapidez en estos lugares. En España, además de en Madrid, Cabify opera en Barcelona, Bilbao, La Coruña, Vitoria y Málaga.

Aunque Cabify es una start-up creada por españoles y en España, la primera financiación, en 2011, no la obtuvo en nuestro país, sino en, como no podía ser de otra manera, en San Francisco, Estados Unidos, y vino de un business angel. Actualmente, y una vez que la empresa ha demostrado su viabilidad, una parte de su financiación ya sí proviene de inversores españoles.

El fundador de Cabify es Juan de Antonio y puedes leer un par de entrevistas con él aquí y aquí.

¿Nos van a cobrar dos comisiones en los cajeros? No. Una explicación

Desde que Caixabank decidiera cobrar los famosos dos euros a cada usuario de otra entidad de crédito por usar los cajeros de su red, el revuelo organizado en torno a este asunto ha ido creciendo exponencialmente con el paso de los días. Como consecuencia de esta medida, aquellos usuarios que sacaran dinero en los cajeros de dicha entidad debían abonar dos comisiones, una a Caixabank (propieataria del cajero) y otra a su entidad, dado que ésta solía repercutír a sus clientes la comisión que los bancos propietarios de los cajeros cobraban a las entidades emisoras de las tarjetas. Esta última era la retribución habitual hasta ahora y la de la entidad catalana se añadía, para los usuarios, a la anterior. Conviene precisar, no obstante, que Caixabank, al tiempo que introdujo la nueva comisión, dejó de cobrar la anterior a la entidad emisora de la tarjeta.

Dado el revuelo, el Ministerio de Economía y Competitividad decidió intervenir con el objetivo, apuntado así en el BOE del 3 de octubre, de, entre otras cosas, «trasladar certidumbre a los ciudadanos y garantizar el principio de seguridad jurídica». Por ello, en el Real Decreto-ley 11/2015, emanado del Consejo de Ministros del viernes anterior a su publicación en el BOE, se reglamenta que sea la comisión habitual, la cobrada por la entidad emisora de la tarjeta, la que quede como única comisión aplicable al ususario del cajero, obligando a Caixabank a dejar de cobrar la nueva comisión y, de paso, cerrando la puerta a aquellas entidades que ya valoraban la posibilidad de imitar a la catalana.

El Real Decreto-ley regula, asimismo, las cantidades que la entidad emisora de la tarjeta puede cobrar al usuario del cajero por la retirada de efectivo, que no podrán superar, en ningún caso, las que la entidad propietaria del cajero cobre a la entidad emisora de la tarjeta. El importe entre entidades podrá ser acordado entre las mismas y, en asuencia de acuerdo, será la entidad propietaria del cajero la que determine este precio, no pudiendo ésta discriminar por entidades emisoras de tarjetas ni por lugar donde la retirada de efetivo tenga lugar.