¿Nos van a cobrar dos comisiones en los cajeros? No. Una explicación

Desde que Caixabank decidiera cobrar los famosos dos euros a cada usuario de otra entidad de crédito por usar los cajeros de su red, el revuelo organizado en torno a este asunto ha ido creciendo exponencialmente con el paso de los días. Como consecuencia de esta medida, aquellos usuarios que sacaran dinero en los cajeros de dicha entidad debían abonar dos comisiones, una a Caixabank (propieataria del cajero) y otra a su entidad, dado que ésta solía repercutír a sus clientes la comisión que los bancos propietarios de los cajeros cobraban a las entidades emisoras de las tarjetas. Esta última era la retribución habitual hasta ahora y la de la entidad catalana se añadía, para los usuarios, a la anterior. Conviene precisar, no obstante, que Caixabank, al tiempo que introdujo la nueva comisión, dejó de cobrar la anterior a la entidad emisora de la tarjeta.

Dado el revuelo, el Ministerio de Economía y Competitividad decidió intervenir con el objetivo, apuntado así en el BOE del 3 de octubre, de, entre otras cosas, «trasladar certidumbre a los ciudadanos y garantizar el principio de seguridad jurídica». Por ello, en el Real Decreto-ley 11/2015, emanado del Consejo de Ministros del viernes anterior a su publicación en el BOE, se reglamenta que sea la comisión habitual, la cobrada por la entidad emisora de la tarjeta, la que quede como única comisión aplicable al ususario del cajero, obligando a Caixabank a dejar de cobrar la nueva comisión y, de paso, cerrando la puerta a aquellas entidades que ya valoraban la posibilidad de imitar a la catalana.

El Real Decreto-ley regula, asimismo, las cantidades que la entidad emisora de la tarjeta puede cobrar al usuario del cajero por la retirada de efectivo, que no podrán superar, en ningún caso, las que la entidad propietaria del cajero cobre a la entidad emisora de la tarjeta. El importe entre entidades podrá ser acordado entre las mismas y, en asuencia de acuerdo, será la entidad propietaria del cajero la que determine este precio, no pudiendo ésta discriminar por entidades emisoras de tarjetas ni por lugar donde la retirada de efetivo tenga lugar.

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El Decreto que (casi) paralizó la Liga. La verdad

Rueda de Prensa - AFE

La aprobación por parte del Gobierno del Decreto sobre la venta centralizada de los derechos televisivos de los clubes de fútbol en España ha desatado la polémica, al ser el origen de la huelga de futbolistas que puso en peligro la disputa de las dos últimas jornadas de la Liga 2014/2015 en primera y segunda división. Pero, ¿qué dice el Decreto y cuáles son los motivos por los que AFE y RFEF han mostrado su total disconformidad? ¿Por qué no ha tenido lugar finalmente la huelga?

Lo que dice el Real Decreto sobre la venta centralizada de los derechos televisivos

El Real Decreto-Ley 5/2015, de 30 de Abril —que, todo sea dicho, fue solicitado de manera conjunta al Gobierno por la RFEF y la LFP, ahora enfrentados— es una norma por la que se obliga a los clubes profesiones de fútbol que desarrollan su actividad en España a negociar de manera conjunta la venta de sus derechos televisivos. Asimismo, el Decreto dispone la manera en que los ingresos que se deriven de esa venta han de ser repartidos. Así, una vez se hayan obtenido dichos ingresos, que se estima se incrementarán desde los 750 – 850 millones de euros, que los clubes ingresan globalmente en la actualidad, a 1.000 – 1.500 millones, se repartirán entre los clubes de primera y segunda división a razón del 90 % para los primeros y del 10 % para los segundos.

Los equipos de primera división se repartirán el 50 % de lo que les toque equitativamente entre todos. El 25 % se repartirá en función de los resultados de las últimas cinco temporadas y el último 25 % se repartirá atendiendo al criterio de «notoriedad» o de «implantación social», que responde a elementos tan variopintos como la popularidad del club en las encuestas que realiza el CIS o los importes recaudados por taquillaje, abonados y cuotas de socio.

Dentro de esta distribución, merece especial atención el 25 % que se repartirá atendiendo a los resultados de las últimas cinco temporadas. Para establecer lo que cada club cobrará, las cinco temporadas se ponderarán de la siguiente manera: la última, el 35 %; la penúltima, el 20 %; y cada una de las restantes tres temporadas, el 15 %. En función de ello, se elaborará una clasificación de los 20 equipos que en cada momento compongan la primera división y se repartirán el dinero como queda reflejado en la siguiente tabla:

Tabla Reparto 1-25 % Primera

Entre los clubes de segunda, el 70 % se repartirá a partes iguales entre todos, el 15 % atendiendo al resultado de la última temporada y el 15 % restante atendiendo al citado criterio de implantación social. Además, la RFEF cobrará el 2 % de todo lo ingresado (el 1 % le llegará vía LFP), un 1 % se utilizará para pagar la Seguridad Social de otros deportistas de alto nivel, el 0,5 % tendrá como destino la AFE, los clubes de 2ªB y el fútbol femenino y, finalmente, el 3,5 % será usado para ayudar a los equipos que desciendan de categoría. Serán los clubes los que se encarguen de proporcionar estos importes, de manera que aquellos que más ingresen serán los que más ayuden a financiarlos.

Es importante señalar que el Decreto establece seis años de «garantía en el nivel de ingresos». Así, durante este tiempo, ningún club puede cobrar por derechos televisivos menos de lo que cobraba en el año base, que se establece en la actual temporada. Si, por ventura, con la venta centralizada de los derechos se ingresara menos de la suma de lo que ahora cobran los clubes individualmente, todos los equipos verían reducidos sus ingresos y no se tendría en cuenta el sistema de reparto antes señalado. Si, por el contrario, la venta del paquete supusiera un aumento en el nivel global de ingresos, se realizaría el reparto, pero se modificaría puntualmente en aquellos casos, si los hubiera, en los que algún club ingresara menos de lo que ingresa a día de hoy.

¿Dónde está la polémica que ha llevado a la AFE y la RFEF a declarar la huelga?

El sindicato de los futbolistas, la AFE, es la que más dura se ha mostrado contra el Decreto. En boca de su presidente, Luis Rubiales, la AFE considera, por un lado, que el reparto del 90 – 10 % entre la primera y la segunda división es desproporcionado y llevará, inexorablemente, a que las diferencias salariales entre los jugadores de ambas divisiones se incrementen. Por otro lado, consideran que el 0,5 % que recibirán es insuficiente. Señalan que en países como Francia, ese porcentaje es del 1,5 % y que, además, no tienen que compartirlo con nadie más. Por último, la AFE estima que en el Decreto no se ha incluido a los trabajadores, los futbolistas, como acreedores preferentes en los casos en que la situación de los clubes sea de quiebra. La Seguridad Social y Hacienda, por el contrario, si son señalados en el Decreto como acreedores preferentes, lo que no es sino una consecuencia de la aplicación de las leyes tributarias vigentes en España.

El caso de la RFEF es algo más peculiar. Además de las reivindicaciones puramente económicas que se derivan de la aplicación del Decreto, parece que entre su presidente, Ángel María Villar, y el de la LFP, Javier Tebas, existe una animadversión que viene de lejos y que ha provocado que la RFEF no haya enviado siquiera un representante a ciertas reuniones en las que se ha debatido sobre el Decreto en cuestión. Una de estas reuniones fue, sin ir más lejos, el acto de conciliación que el miércoles 13 de mayo convocó el juez para resolver la situación. Por otro lado, Ángel María Villar tiene otro enfrentamiento con Miguel Cardenal, Secretario de Estado para el Deporte, pues ha excluido a la Federación del cobro del 4,55 % de la recaudación por Quinielas que antes sí cobraban. La RFEF considera, además, que el 2 % que el Decreto les otorga es a todas luces insuficiente. Consecuencia de todo ello, ambas organizaciones decretaron una huelga para las dos últimas jornadas de Liga, que, a la vista está, no se han llegado a producir. ¿Por qué? Lo vemos a continuación.

Cómo se resolvió la huelga

Ante la gravedad de los hechos, la LFP solicitó a la Audiencia Nacional las medidas cautelares oportunas para que la huelga, «ilegal» en palabras del propio Javier Tebas, no tuviera lugar. La Audiencia Nacional convocó entonces a las partes al acto de conciliación antes citado, sin que del mismo saliera solución o acuerdo alguno. La Audiencia, por lo tanto, se vio obligada a decidir entre declarar la huelga legal, confirmar la ilegalidad anunciada por Tebas o, que es lo que finalmente sucedió, estimar las medidas cautelares solicitadas por la LFP y dejar la resolución para «cuando se entre a conocer de la demanda principal».

Los dos principales motivos que han llevado a la Audiencia Nacional a tomar esa decisión han sido, por un lado, el «graven desorden organizativo» que la huelga causaría en caso llevarse a cabo y, por otro, que «algunos de los objetivos de la huelga podrían tener por finalidad la modificación del convenio colectivo vigente» entre la LFP y la AFE, lo que no está contemplado como un fin lícito en la norma que regula el derecho a huelga. La Audiencia Nacional se refiere, para ser más precisos, a que en el actual convenio colectivo, cuya vigencia expirará el 31 de diciembre de 2016, ya está regulado el fondo de garantía salarial y, de igual manera, está incluido el pacto, firmado en junio de 2014, por el que la LFP destinaría el 0,5 % de lo ingresado por la venta centralizada de los derechos de televisión de la manera que marca el Decreto, que entonces aún no estaba aprobado.

La Fórmula 1, ¿un espectáculo en peligro?

Portada

Dada la situación financiera de una gran parte de los equipos que componen la Fórmula 1, resulta complicado que este deporte siga existiendo tal y como lo conocemos hoy. Si, por ejemplo, en 1980 había quince escuderías en la parrilla, en la actualidad hay apenas diez. Y podrían ser incluso menos si finalmente prospera una de las ideas del propietario de este negocio, Bernie Ecclestone, consistente en reducir el número de escuderías a ocho, dejando, para compensar, que cada una de ellas participara con tres coches. Se trataría, en definitiva, de dejar en el negocio sólo aquellos equipos reconocidamente solventes y seguir el espectáculo de esta manera.

Empecemos, para abrir el análisis de la situación financiera de la Fórmula 1, por decir que el presupuesto mínimo con el que un equipo puede mantenerse mínimamente competitivo, no ya ganador, es de 100-150 millones de euros. Mantengamos esta cifra en la memoria para analizarla más adelante y ver cuántos equipos de la actual competición llegan a ella a través de los ingresos que este negocio factura. Veamos ahora de dónde salen los recursos de los que se nutre este espectáculo y de qué manera se reparten.

Las cifras: los ingresos y su reparto (datos de 2014)

Empezando por los ingresos, en el año 2014 la Fórmula 1 se embolsó la nada desdeñable cifra de 1.440 millones de euros. Por comparar, esta es la cantidad a la que espera poder llegar la LFP por la venta de los derechos televisivos de las liga españolas de primera y segunda división. Estos 1.440 millones se obtienen de la siguiente manera: 475 millones provienen de lo que pagan los promotores de las carreras y los circuitos; 466M€, de lo que pagan las televisiones por tener los derechos de retransmisión; 230M€, de la publicidad, sponsors, etc.; 79M€, de los hospitalities; 65M€ de las carreras de apoyo (GP2); y 144M€, cuya procedencia es distinta a las anteriores. Como vemos, la cifra de ingresos es, a priori, muy importante.

Pasemos ahora a la gestión de este dinero, al reparto. De los 1.440 millones recaudados, la cantidad se divide en dos. De los primero 720 millones, 520 se dedican a remunerar a Delta Topco, empresa de Ecclestone que gestiona la competición. De esta cantidad, la firma ha de deducir impuestos, gastos y, lógicamente, ha de sacar con qué retribuir a sus accionistas. Los otros 200 millones se reparten entre los equipos, pero no entre todos, sino sólo entre cinco de ellos (Ferrari, Red Bull, McLaren, Mercedes y Williams), que son aquellos a los que Ecclestone tuvo que premiar para que le garantizaran, por escrito, su permanencia en las parrillas hasta el año 2020. Estas primas se reparten entre estos cinco equipos en función de las clasificaciones del Mundial de Constructores de los años anteriores. Además, Ferrari, sólo por ser Ferrari, la enseña más mítica de toda la parrilla, tiene otro bonus adicional de 36 millones. De estos 200 millones también salen, finalmente, los 8 millones que Ecclestone reserva para los peores equipos y que en el año 2014 recibió íntegramente Marussia.

Los otros 720 millones (la segunda mitad de los 1.440 millones de los que hablábamos antes) de euros ya sí se reparten entre todos los equipos. O todavía no. Para ser exactos, se reparten entre los diez mejores equipos de la temporada anterior (2013), pues el resto de equipos por encima de la décima posición «sólo» reciben el bonus señalado al final del párrafo anterior. Así, la mitad de los 720 millones de euros, 341,6 millones, se reparten de forma equitativa entre las diez mejores escuderías del año 2013 a razón de 31,1 millones por equipo, y el resto, los otros 341,6 millones, se reparten en función del orden en que quedaran en la clasificación del mundial de constructores de 2013. Así, es lógico que la escudería que recibió la proporción más alta de esta parte del reparto sea Red Bull (65 millones de euros), por ser el equipo campeón en 2013, y que, por el contrario, el que menos dinero recibió sea Caterham, que percibió 13,6 millones de euros.

Las cantidades percibidas por cada escudería, de una manera ordenada y algo más clara, quedan detalladas en la siguiente tabla:

Tabla Reparto Ingresos

Comprobamos que sólo tres de los once equipos alcanzaron en 2014 la cifra de 100 millones de euros que dejábamos aparcada al principio y que, por lo tanto, las opciones de tener un coche ganador, o siquiera competitivo, en la parrilla se reducen mucho. Por debajo de esa cantidad, los equipos empiezan a tener dificultades incluso para sobrevivir, puesto que las fuentes de financiación alternativas a la propia competición son cada vez más escasas y menos generosas.

La falta de publicidad, un problema que va a más

Los patrocinadores, que hasta hace muy poco habían cubierto la mayor parte de los presupuestos de las escuderías, han ido desapareciendo paulatinamente de las carreras. Es raro ver grandes patrocinadores en los monoplazas y los equipos han de reunir una buena cantidad de pequeños sponsors para poder ir subsistiendo. En este sentido, es significativo que uno de los grandes, McLaren, no cuente con ningún patrocinador principal, y tanto el coche como los monos de los pilotos estén prácticamente inmaculados. Las tabaqueras, antaño dominadoras del patrocinio en todos los deportes del motor, tienen prohibido el acceso a esta publicidad desde hace ya años y ello ha supuesto un duro golpe para las finanzas de este espectáculo, haciendo a los equipos, especialmente los más pequeños, mucho más dependientes de los ingresos que el propio negocio facturaba.

En la actual temporada hay equipos que sobreviven cargando sobre sus espaldas una enorme deuda que no ha dejado de crecer desde hace ya mucho. Y las diferencias son cada vez mayores. Así, mientras la suspensión de pagos planea sobre equipos como Sauber o Manor (antigua Marussia), Ferrari tiene un presupuesto de 370 millones de euros, habiéndolo incluso incrementado en más de 100 millones con respecto al 2014. Los incrementos de personal y el acceso a una tecnología cada vez más moderna (y cara) son elementos indispensables para seguir siendo competitivos y ello eleva año tras año las necesidades financieras de los equipos. Solo la introducción, por ejemplo, de los motores híbridos provocó que el precio de los propulsores se multiplicara por tres con respecto a los anteriores.

Otra posible solución, también en la cabeza del dueño del espectáculo, Ecclestone, pasa por permitir equipos «low cost». Estos equipos, que se nutrirían de piezas y tecnología de años anteriores, lo que incluye el uso de motores no híbridos, podrían reducir sus presupuestos de una manera muy importante y, así, ser económicamente viables.

Como vemos, la situación es especialmente complicada para los equipos pequeños de la Fórmula 1, pero podría no serlo menos para los grandes, que necesitan de una parrilla nutrida de monoplazas para hacer de las carreras lo que siempre fueron: un espectáculo como pocos.

Las mayor parte de las cifras económicas de ingresos y su posterior reparto está extraídas de la web de El Mundo Deportivo (de aquí), que a su vez las extraen del blog de Joe Saward, periodista especializado en Fórmula 1.

El fin de semana en cinco lecturas (26/04/2015)

En Libertad Digital escribía Carmelo Jordá acerca de la tercer parte de la  presentación del programa económico de Ciuadanos. En el artículo se enumeran aquellos aspectos de la reforma fiscal que propugna el partido que lidera Albert Rivera que no le gustan al autor. En concreto, critica «la necesidad de recaudar los mismo» y «la fe en la lucha contra el fraude fiscal». Por otra parte, también tilda las propuestas como las únicas sensatas y coherentes de entre todas las que propugnan los diferentes partidos políticos.

En uno de los párrafos Jordá dice, con cierta y evidente sorna, que es normal que la reforma vaya en este sentido, pues uno de los promotores de la misma es Francisco de la Torre,  inspector de Hacienda, el cual «está sediento de la sangre fiscal del contribuyente, como buen profesional de lo suyo que es». Sorprende, por la tibieza de la crítica, que el nuevo fichaje de Ciudadanos entrara al trapo públicamente y haya contestado en Twitter al autor.


Pablo Rodríguez Suanzes, enviado especial en Bruselas del diario El Mundo, relata cuán evidente es el hartazgo de los diferentes ministros del Eurogrupo, que el viernes se reunieron en Riga. Según el periodista económico, todos los negociadores europeos que tienen que tratar con las autoridades griegas están muy cansados de la forma en que Varoufakis y sus hombres están llevando a cabo las operaciones. Especialmente parece que «están muy irritados porque consideran “una falta de respeto” la falta de esfuerzo y seriedad y están hartos de viajar para nada».


Escribe el «profesor» Rodríguez Braun en Libertad Digital acerca de «deudas y pagos». El profesor trata de rebatir la afirmación del presidente de los Estados Unidos, Barack Obama, acerca de los supuestos beneficios que tiene el que la deuda de un país esté en manos nacionales y no extranjeras. Al mismo tiempo, intenta argumentar lo falaz del pensamiento según el cual los impagos de deuda son buenos y traen aparejados, como consecuencia, períodos de notable crecimiento.


Al hilo de la polémica suscitada por los cuantiosos cobros por parte de Vicente Martínez Pujalte, diputado nacional por el Partido Popular, y por parte de Federico Trillo, embajador de España en Londres y exministro en Gobierno de José María Aznar, en Europa Press elaboran un artículo en el que detallan cuántos diputados compaginan la actividad pública con otros trabajos, remunerados o no, en el ámbito privado. Breve, conciso y bastante claro.


En el blog económico «gurusblog.com» analizan, brevemente, el último informe sobre felicidad mundial (World Happiness Report), editado de manera independiente por los expertos John F. Helliwell, Richard Layard y Jeffrey Sachs. En el post hay un enlace al informe original y completo. De igual manera, en el post está el principal gráfico del extenso informe (172 páginas), aquel que resume de una manera muy intuitiva el ránking de los países de mayor a menor felicidad. En el artículo se destaca que el primero de estos informes, el publicado en 2012, «constituyó la primera encuesta global sobre el estado de felicidad del mundo».



Pasen una buena y económica semana.

¿Cómo afecta la inflación a las deudas?

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Para contestar a la pregunta primero hay que saber que, en economía, el valor de las cosas, es decir el valor de los bienes y servicios, así como de la deuda, se puede medir en términos nominales y en términos reales. En primero de ellos hace referencia al precio en sí del objeto, material o inmaterial en sí. Es decir, es lo que “dice la etiqueta que vale”. Este valor, en ausencia de depreciaciones por el uso u obsolescencia, no se modifica. Es decir, lo que hoy te cuesta 10 euros, en 20 años seguirá habiendo valido 10 euros. Hasta aquí sencillo.

La valoración en términos reales, cuyo entendimiento ya no es tan obvio, hace referencia al valor de las cosas en función de lo que valen el resto de los bienes, que quedan representados por el nivel general de precios. Este nivel general de precios, como todo el mundo sabe, puede subir (inflación) o bajar (desinflación o, si se prolonga en el tiempo, deflación), lo que afectará al valor real de las cosas. También puede mantenerse, lógicamente, aunque no es habitual que suceda. Así que, mientras no tengamos inflación, esto es, mientras el nivel general de precios se mantenga, el valor nominal y real de las cosas coincidirá. Sin embargo, si hay inflación o deflación, el valor real de las cosas se modificará. Esto es, si un libro vale hoy un euro y hay una inflación anual del 100% (caso extremo para que se comprenda el ejemplo), el libro, que seguirá valiendo en términos nominales un euro, en términos reales valdrá en un año la mitad (1 € / 2 = Precio nominal / Nivel general de precios actualidazo  = 0,5 €).

¿De qué manera influye la distinción entre valoración en términos nominales y reales a las deudas? Siguiendo con el ejemplo de los libros, influye en que si compras diez libros hoy con la promesa de pagarlos dentro de un año, es decir, si generas una deuda por valor de diez euros pagadera dentro de 365 días, y hay una inflación del 100 %, cuando, al pasar ese año, saldes la deuda mediante el desembolso de los diez euros, en realidad estarás pagando la mitad, ya que esos mismos libros valdrán, entonces, veinte euros. Es decir, que el dueño de la papelería cobrará efectivamente diez euros menos de los que cobraría si los cuadernos te los vendiese cuando efectivamente los pagas.

Esta explicación se puede extender, lógicamente, a la deuda pública. Esto es, que si a un país le prestan por valor de 100 millones de euros y ha de devolverlo pasado un año, con una supuesta inflación del 100%, cuando el país deudor desembolse los 100 millones (terminos nominales) para saldar la deuda (dejando de lado los intereses), en realidad estará  pagando «sólo» 50 (términos reales). Así, y como ya habíamos dicho, si el nivel general de precios se ha duplicado, el valor de las deudas de hace un año son la mitad (100M€ / 2 = 50M€).

¿Qué es un aval bancario? Un ejemplo de actualidad

A raíz de la presentación del aval bancario, concedido por el Banco Sabadell a Rodrigo Rato, para cubrir el importe solicitado por el juez Andreu en concepto de fianza por responsabilidad civil, se ha suscitado en las redes sociales una cierta polémica que, en algunos casos, tiene su origen en el desconocimiento acerca de la naturaleza y características de este producto bancario.

Así como en otras ocasiones el objeto del debate es un producto complejo y de difícil comprensión, como ocurría el caso de las preferentes, un aval bancario es un instrumento bastante sencillo y de generalizada utilización en operaciones tan corrientes como el alquiler de una vivienda.

Warranty - Garantía

Un aval bancario no es más que una garantía mediante la que se cubre el cumplimiento de unas obligaciones contraídas en, por ejemplo, un contrato. Así, el agente que concede el aval, el avalista, se encargaría de cumplir con las antedichas obligaciones única y exclusivamente en el caso de que el avalado se vea total y absolutamente incapaz para cumplir con el compromiso contraído. A cambio de gozar de esta garantía, el sujeto avalado se compromete a pagar un precio, que ha de abonarse tanto si se ejecuta el aval como si no lo hace. Este precio dependerá de variables como el importe a avalar o el riesgo de que finalmente el avalado tenga que cumplir con lo pactado y no pueda asumirlo.

En el caso que nos ocupa, el exdirigente de Bankia es el avalado y el Banco Sabadell el avalista, que se obliga a desembolsar los 3 millones si finalmente aquél es encontrado culpable y no tiene medios económicos o patrimonio para cubrir la deuda. El precio, aunque solo nos fijemos en el montante a cubrir y nos dé igual la solvencia del avalado, será alto. En concreto, en los medios se habla de un porcentaje anual cercano al 1,5%, por lo que, de ser cierto, Rato tendría que poner sobre la mesa del Sabadell cada año 45.000 euros.

Rodrigo Rato

El gran beneficiado de esta operación, además del Banco Sabadell si Rato es declarado inocente o puede por sus medios afrontar el pago que le imponga el juez, es la Adminstración Pública, que con el aval tiene un paracaídas y, pase lo que pase, cobrará si finalmente se demuestra que el exdirector del FMI es culpable de los delitos de los que se le acusa.

Así pues, despejamos toda duda sobre la naturaleza y licitud de esta operación, constatando que no hablamos ni de un préstamo ni de un crédito, y comprobamos que no ha habido trato de favor por parte de la entidad bancaria hacia Rato, pues, dentro de la normalidad de lo que es un producto negociado a diario por miles de personas, el avalado desembolsa un precio que la entidad bancaria considera suficiente y, por su parte, ésta se compromete a pagar una cantidad si finalmente el primero no puede afrontar la pena pecuniaria por sí mismo.

Gowex, cronología de un descalabro

GOWEXEl pasado 30 de junio Gowex era una start-up pujante, cuyas cifras de crecimiento eran estratosféricas y que cotizaba en el MAB. Solo una semana más tarde Gowex ha solicitado el concurso de acreedores y su continuidad es más que improbable. ¿Qué ha sucedido en estas casi dos semanas para que se haya producido este descalabro?

Todo empieza con la publicación el uno de julio de un demoledor informe por parte de una, hasta ahora desconocida en España, compañía estadounidense llamada Gotham City Research. En el informe se pone en jaque absoluamente toda la estructura de Gowex y se comunica que las cuentas de la tecnológica llevan siendo falseadas deliberadamente mucho tiempo. En concreto, considera que sólo el 10% de los ingresos son reales y que el valor del título es cero. Esto es, que la pujante compañía tecnológica no vale nada de nada.

Como consecuencia del informe, el valor en el MAB de Gowex se desploma, hecho que Jenaro García, fundador y CEO de la tecnológica, trata de neutralizar a través de la publicación de un comunicado en el que declara que la información de Gotham es falsa, a la que acusa, además, de querer provocar una caída en el valor de los títulos «dentro de una estrategia de inversores a corto plazo». La tibieza del comunicado, en el que no se aporta dato alguno que contrarreste firmemente las graves acusaciones del informe, no consigue mitigar la caída del valor, que pierde en un sólo día el 46%. El informe, además, introduce una sombra de duda sobre el resto de valores del MAB, cuya cotización también cae estrepitosamente.

Un día más tarde, el miércoles, Gowex manda al BME, regulador y supervisor del MAB, un Hecho Relevante en el que anuncia, únicamente, su intención de ponerse en contacto con una de las cuatro auditoras de referencia para «reforzar su transparencia». El anuncio parece frenar la caída del valor, que ese día únicamente pierde un 26%. Entre los dos días, el valor de Gowex se ha reducido un 60%.

Mientras tanto, la CNMV reacciona solicitando información al SEC y a la FCA, reguladores de los mercados estadounidense y británico respectivamente, relativa a Gotham City Research. La intención del regulador español es ver si la firma de análisis estadounidense ha podido cometer un abuso de mercado. No obstante, el regulador español recuerda que su papel en el MAB se reduce a la vigilancia de las conductas de abuso de mercado y al cumplimiento de los procedimientos de dicho mercado. Sin embargo, al tercer día de la publicación del informe maldito, el MAB se ve obligada a suspender la cotización de Gowex, a la que insta a que «concrete del modo más detallado posible el plan de actuaciones que considere preciso definir», y le pone a la tecnológica como fecha límite para dicha explicación la apertura del mercado del día siguiente, aunque finalmente Gowex consigue ampliar el plazo hasta el lunes siguiente.

Publicidad de GowexPor su parte, la Asociación Europea de Inversores Profesionales (Asinver) empieza a sospechar que los retrasos y la indefinición a la hora rebatir el informe por parte de Gowex es un síntoma de que los datos de Gotham son ciertos y, en consecuencia, ese mismo viernes presenta una denuncia ante la Fiscalía General del Estado contra Gowex, su CEO, Jenaro García, M&A Auditores, BME y el asesor de Gowex Ernst Young. A esta denucia se unirán más tarde la plataforma de afectados por la estafa de Gowex y la Asociación Española de Accionistas MInoritarios (Aemec).

Al mismo tiempo, PwC comunica que realizará un forensic (informe forense de investigación) detallado en el que se concrete la situación contable, financiera, contractual y de gestión de Gowex a 31 de diciembre de 2013. El forensic es solicitado por la tecnológica, aunque se intuye que obligada por las terribles circunstancias. El único precedente en España en que se ha utilizado un informe forense de este tipo es en el caso Pescanova, lo que no invita a la tranquilidad.

El fin de seman llega y parece que todo va a continuar sin cambios hasta el lunes. Sin embargo, en la mañana del domingo Jenaro García sorprende y anuncia a través de su cuenta de Twitter que se da por vencido. El anuncio de la red social dice: «Pido perdón a todos. Lo siento de todo corazón». Acto seguido, García presenta su dimisión, que es aceptada. El sorprendente anuncio provoca que el MAB decrete la suspensión de la cotización de Gowex «hasta nuevo aviso». De la misma manera, PwC anuncia que suspende la realización del forensicAsinver pide que se registren las sedes de la empresa y los domicilios de los directivos para evitar que se deshagan de documentos y demás pruebas.

Las compañías del MAB vuelven a notar la sacudida y pierden más valor. Cuatro de ellas, las más grandes en capitalización (Masmovil, Carbures, Eurona Telecom y Ebioss), anuncian que estudian muy seriamente abandonar el MAB y pasar a cotizar en el Mercado Continuo. De hecho, De Guindos estudia muy seriamente obligar a todas las empresas cuyo valor de capitalización sea superior a los 500 millones de euros a que coticen en dicho mercado. El Ministerio del que es titular De Guidos, entre tanto, suspende las ayudas pendientes de entregar a Gowex, que ya debe medio millón de euros al CDTI y 1,5 millones a la Dirección General de Innovación.

El ya ex CEO de Gowex, Jenaro García, manda un correo electrónico a sus exempleados en el que les pide disculpas (tan solo unos días después de que les hubiera dicho a la cara que la información de Gotham era falsa) y les anima a que sigan con el proyecto, «lógicamente con un alcance y ambición diferente al que yo he planteado».

En el octavo día desde que se publicara el informe que desacreditaba toda la trayectoria de Gowex, Elvira Rodríguez, presidenta de la CNMV, declara que es necesario restituir el buen nombre del MAB porque es útili y necesario para las pymes pues «les permite obtener financiación por vías distintas a las bancarias». De la misma manera, considera imprescindible hacer un «análisis crítico», pero cosidera que esta presunta estafa es «una excepción». Al cerrar la sesión en el MAB, cuatro de las seis compañías que cotizan en formato continuo repuntan, algunas incluso a doble dígito, y mitigan las pérdidas de los días anteriores.

Asinver, por su parte, anuncia que pedirá a la Fiscalía que se investigue la sociedad Giotelgy, propiedad de Jenaro García y radicada en Luxemburgo, pues sospecha que se ha desecho del paquete de acciones a través de las que García tenía una de sus participaciones en Gowex. El resto de las acciones las tiene a través de Cash Devices, paquete del que también parece haberse desecho, al menos en parte, según el Hecho Relevante que la propia Gowex emite el día siguiente.

A día de hoy, la situación está en los tribunales y de ahí, probablemente más tarde que temprano, se verán las implicaciones que para cada parte tiene el caso. Así, la Fiscalía ha designado a la Audiencia Nacional como la autoridad judicial competente para llevar el caso, dado que las personas que han podido verse afectadas están distribuidas a lo largo y ancho de todo el territorio nacional, y algunas incluso están en el extranjero. En respuesta a este mandato de la Fiscalía, la primera actuación del juez Santiago Pedraz ha sido la de citar a declarar este lunes como imputado a Jenaro García, requiriéndole específicamente que lleve su ordenador personal y su teléfono móvil.