Messi y sus problemas con Hacienda

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El pasado 8 de junio, dos días después de que el F.C. Barcelona ganase en Berlín su quinta Copa de Europa, se dictaba el auto, aunque en la prensa no se recogía hasta el 10 del mismo mes, por el que la Audiencia provincial de Barcelona desestimaba el recurso de apelación presentado por la defensa de Messi, al que se adhería el Ministerio Público, contra la resolución del juzgado de instrucción nº3 de Gavá [Enlace al auto]. En dicha resolución, el juzgado catalán decretaba la apertura de juicio oral contra Messi y su padre por la presunta defraudación de 4,1 millones de euros entre los años 2007 y 2009 a través de un entramado societario radicado en Belice, un paraíso fiscal.

La defensa del jugador argentino, así como el Ministerio Público, aducían, en oposición al criterio de la Abogacía del Estado, representante de la Hacienda Pública, que la apertura del juicio oral no procedía, solicitando el sobreseimiento libre, porque no hay dolo en la actuación del jugador por no tener éste conocimiento de que lo que hacía constituía un delito fiscal.

La Sala de la Audiencia, por boca de juez José Luis Ramírez Ortiz, ponente de esta resolución, «estima que se ha reunido base acreditativa suficiente para que la acusación pueda interesar la apertura del juicio oral», por lo que el hecho de si Messi tenía conocimiento o no de lo que hacía es algo que tendrá que ser resuelto en el correspondiente proceso penal.

En dicho proceso, la defensa del astro sudamericano tendrá que hacer ver que lo dicho hasta ahora, que «jamás ha dedicado un minuto de su vida a leer, estudiar analizar el contenido documentario de los instrumentos contractuales y mercantiles que vehiculan la gestión jurídica de su riqueza», es cierto, y que, asimismo, ha sido siempre el padre el que se ha encargado de tales cuestiones.

Entre los hechos que la Sala destaca como indiciarios de la existencia de dolo por parte del acusado, se encuentran los siguientes:

  • El que, una vez alcanzada la mayoría de edad, Messi ratificara personalmente los contratos de cesión de sus derechos de imagen al entramado societario cuyo fin era que los ingresos derivados de dichos derechos acabaran en el paraíso fiscal de Belice.
  • Su condición de administrador y socio único de JENBRIL, S.A., sociedad radicada en Belice, condición a través de la que firmó varios contratos, algunos de los cuales fueron ratificados, además, a título personal.
  • Que dispusiera, como corresponde a su cargo, de firma autorizada en la cuenta abierta de la sociedad beliceña en ANDBANK.

A este respecto es muy interesante reproducir de manera íntegra los elementos de sospecha reseñados en la resolución de apertura de juicio oral y que en ésta, de desestimación del recurso de apelación, se detallan así:

«La constitución de una sociedad de la que el Sr. Messi Cuccittini (Messi) era único socio y administrador, con domicilio en paraíso fiscal, que, a su vez, encomendaba a otras, ubicadas en jurisdicciones de conveniencia, la prestación de servicios relativos a la conclusión de contratos de patrocinio, esponsorización y merchandising, quienes contrataba con las empresas pagadoras, debiendo intervenir, en ocasiones, Messi, en los mismos contratos en la doble condición administrador y jugador. El dominio sobre la mercantil JENBRIL, S.A., la citada doble condición o el hecho de que los pagos los recibieran las sociedades ubicadas en el Reino Unido o Suiza debían despertar la duda en Messi sobre si los ingresos eran transparentes o no para la Hacienda Pública española.»

La Sala, respondiendo a la argumentación de la defensa y del Ministerio Público de que estos hechos son insuficientes para demostrar que Messi conocía el alcance de lo que firmaba, aduce que, «si bien es comprensible que un jugador no esté al tanto de los pormenores de la gestión de un patrimonio millonario, para lo que se provee de asesores, en este caso había datos, al menos a los efectos que nos ocupan, para afirmar la existencia de una sospecha seria sobre la existencia de la deuda tributaria».

De igual manera, los jueces conceden que en alguna ocasión pueda firmarse un documento sin analizarlo detenidamente, pero que «hacerlo de modo sistemático cuando se es consciente de ser titular de un enorme patrimonio cuyos ingresos provienen (…) de la actividad que realiza en un club de fútbol radicado en territorio español, sujetos, por tanto, a tributación en España, y hacerlo, además, como administrador de una empresa radicada en un paraíso fiscal, denota la indiferencia hacia la posibilidad del fraude fiscal. La singularidad del caso, en lo que tanto la defensa como el Ministerio Público parecen fundar la pretensión, nada habitual en la praxis, de exoneración de responsabilidad con efectos de cosa juzgada (se solicita el sobreseimiento libre), radica en el hecho de que el padre del apelante y coimputado ha asumido la total responsabilidad, afirmando que su hijo no estaba al corriente de sus gestiones. Pero esta hipótesis (…) no excluye necesariamente el hecho de que el apelante pudiera haber advertido la irregularidad de los contratos que firmaba y de las declaraciones en las que omitía los ingresos sujetos a tributación.»

El auto de desestimación del recurso presentado por la defensa de Messi acaba con una consideración, basada en la experiencia y en la lógica, bastante demoledora. Así, sostiene que «no es regular ni habitual en la relación entre un padre y un hijo (si ésta es buena, y no hay motivo para estimar lo contrario en el presente caso) que el primero emprenda conscientemente acciones que puedan perjudicar al segundo, determinantes eventualmente de la imputación de hechos delictivos, sin consultarle o explicarle, aún de modo sucinto, el marco general y los riesgos que pueden derivarse.»


* En la fecha en que este post ha sido escrito no hay día aún para la celebración del juicio.

* Ver la infografía del artículo de El País enlazada al final del primer párrafo de este post. Muy interesante.

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¿Puede el Albatece Balompié desaparecer?

De todos es sabido que el fútbol español se encuentra en una situación económico-financera calamitosa. La práctica totalidad de los equipos que integran las dos principales divisiones españolas tienen cuantiosas deudas con acreedores de todo pelo, principalmente con la Hacienda Pública. Son pocas, aunque honrosas, las excepciones a esta triste regla.

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El principal motivo por el que se ha llegado a esta situación es la pésima gestión llevada a cabo, de manera general, por los dirigentes de estos clubes, aunque el asunto daría para varios post y no es el objetivo concreto de éste que nos ocupa. Aquí y ahora pretendemos explicar cuál es la situación en la que se encuentra el Albacete Balompié S.A.D.

El histórico club manchego tiene una única deuda por IRPF con el Fisco, aunque ésta es de una cuantía muy importante: 1.848.000 euros. Desde el club insisten en recordar que no hay más acreedores y que la plantilla y demás trabajadores se encuentran al corriente de pago. El acreedor, no obstante, aduce que las deudas por IRPF son inaplazables, cosa de la que dudan los dirigentes del equipo albaceteño, lo que le lleva a rechazar la propuesta realizada por el club de realizar un pago del 35 % al contado y la cesión del 45 % de los derechos televisivos. La Agencia Tributaria opta, sin embargo, por embargar dichos derechos televisivos, lo que de hecho supone que la directiva, presidida por José Miguel Garrido, se vea en la obligación de solicitar ante el juzgado de lo mercantil de Albacete la liquidación del club, cosa que tiene lugar el pasado 19 de febrero.

Días más tarde, la jueza de dicho tribunal nombra como administrador judicial a José Ángel Muñoz, quien pasa a tomar las riendas del club a nivel ejecutivo (la directiva oficial queda únicamente con funciones de representación). El administrador judicial tiene desde el momento en que es nombrado un plazo de quince días para elaborar un plan de liquidación. Posteriormente se abre otro plazo de quince días más para que se produzcan las alegaciones que las partes consideren oportunas y, finalmente, otros quince días para que en el juzgado de la capital albaceteña se pronuncien sobre el caso. Dado que los plazos hacen referencia a días laborables, el proceso puede retrasarse más de dos meses.

Expertos en procesos concursales de entidades deportivas coinciden en señalar que lo habitual es que se produzca la venta de la unidad productiva en su conjunto, incluyendo la licencia federativa, bien sea en una venta directa o mediante subasta. Ello tendría como consecuencia que el Albacete no desaparecería. No obstante, si no se lograra acordar la venta global, la entidad habría de liquidarse por partes, lo que ya no aseguraría la supervivencia del otrora llamado «queso Mecánico».

El siguiente momento a tener en cuenta será, aproximadamente, el 18 de marzo. Para esa fecha la administración judicial de José Ángel Muñoz habrá de tener listo el plan de liquidación. Veremos a ver qué pasa entonces.

Las Diferentes Figuras Tributarias

La Agencia Tributaria

Uno de las hechos más habituales cuando el ciudadano de a pie se interna, siquiera en sus primeras etapas, en el mundo de la fiscalidad, es que no distingue con claridad las diferentes figuras tributarias que existen, calificando a todas ellas como de impuesto, lo que no es correcto. En muchas ocasiones la confusión proviene de la oscuridad misma con que de siempre se ha tratado el asunto, aunque es necesario advertir que la labor pedagógica de los medios de comunicación especializados es insuficiente y tampoco ayuda.

A pesar de que los diferentes tributos tienen unas características precisas que los diferencian a los unos de los otros,  todos comparten, en mayor o menor medida, los mismos fines, es decir, todos ellos buscan la financiación de los gastos públicos, la redistribución de la renta y la riqueza, la lucha contra la inflación de demanda o la eliminación de aquellas actividades perturbadoras desde un punto de vista social (la contaminación atmosférica, por ejemplo).

Con esta base sobre la mesa, podemos ponernos manos a la obra y decir que las principales figuras tributarias de nuestro ordenamiento son los impuestos, las tasas, las contribuciones especiales y los tributos de ordenamiento. La diferencia basica entre dichas figuras la encontramos en los presupuestos de hecho, es decir, en las situaciones o comportamientos a los que el legislador vincula la obligación de pagarlos.

Los impuestos son los tributos más conocidos e importantes. El presupuesto de hecho que origina la obligación a su pago es siempre una situación imputable al contribuyente. Ésta puede consistir en la obtención de una renta, en la titularidad de un patrimonio o en la compra de un bien. Es importante destacar que los impuestos no conllevan contraprestación directa alguna por parte de la Administración, lo que quiere decir que no debemos esperar la prestación de un bien o servicio concreto por el pago de los mismos.

Por el contrario, el presupuesto de hecho de las tasas sí es la prestación de un bien o servicio concreto por parte de la Administración. La principal característica de este bien o servicio, el cual no puede ser provisto por el sector privado y  muchas veces ni siquiera es solicitado o deseado por el contribuyente, es su divisibilidad, lo que quiere decir que puede ser utilizado de manera individual por cada ciudadano. La tasa no debe en ningún caso superar el coste del bien o servicio generado por la Administración. Como ejemplo de una tasa podemos citar las tramitaciones de visados, legalización de libros contables, etc.

Las contribuciones especiales son muy parecidas a las tasas, pero en este caso el bien o servicio prestado por la Administración es indivisible y, por lo tanto, no puede ser utilizado individualmente por cada ciudadano. Las  contribuciones especiales son exaccciones que se imponen a un colectivo en concreto porque el bien o servicio prestado sólo les beneficia a ellos y no al resto de ciudadanos, al menos directamente. Estamos hablando, por ejemplo, de la realización de una obra que mejora el acceso a una determinada urbanización.

Los tributos de ordenamiento, por último, son una clase extraña de exacción fical, cuyo uso se ha generalizado en las últimas décadas, en las que el principio de coste social se ha extendido en los diversos ordenamientos tributarios, especialmente en los de los países desarrollados. Estos tributos tiene una finalidad concreta, por lo que, a diferencia de lo que sucede con los impuestos, su pago sí conlleva una contraprestación clara y directa por parte de la Administración. Estos tributos buscan reducir aquellos comportamientos o situaciones que son perniciosos para la sociedad. Los tributos medioamentales son un buen ejemplo de este tipo de imposición.