A raíz de la presentación del aval bancario, concedido por el Banco Sabadell a Rodrigo Rato, para cubrir el importe solicitado por el juez Andreu en concepto de fianza por responsabilidad civil, se ha suscitado en las redes sociales una cierta polémica que, en algunos casos, tiene su origen en el desconocimiento acerca de la naturaleza y características de este producto bancario.
Así como en otras ocasiones el objeto del debate es un producto complejo y de difícil comprensión, como ocurría el caso de las preferentes, un aval bancario es un instrumento bastante sencillo y de generalizada utilización en operaciones tan corrientes como el alquiler de una vivienda.
Un aval bancario no es más que una garantía mediante la que se cubre el cumplimiento de unas obligaciones contraídas en, por ejemplo, un contrato. Así, el agente que concede el aval, el avalista, se encargaría de cumplir con las antedichas obligaciones única y exclusivamente en el caso de que el avalado se vea total y absolutamente incapaz para cumplir con el compromiso contraído. A cambio de gozar de esta garantía, el sujeto avalado se compromete a pagar un precio, que ha de abonarse tanto si se ejecuta el aval como si no lo hace. Este precio dependerá de variables como el importe a avalar o el riesgo de que finalmente el avalado tenga que cumplir con lo pactado y no pueda asumirlo.
En el caso que nos ocupa, el exdirigente de Bankia es el avalado y el Banco Sabadell el avalista, que se obliga a desembolsar los 3 millones si finalmente aquél es encontrado culpable y no tiene medios económicos o patrimonio para cubrir la deuda. El precio, aunque solo nos fijemos en el montante a cubrir y nos dé igual la solvencia del avalado, será alto. En concreto, en los medios se habla de un porcentaje anual cercano al 1,5%, por lo que, de ser cierto, Rato tendría que poner sobre la mesa del Sabadell cada año 45.000 euros.
El gran beneficiado de esta operación, además del Banco Sabadell si Rato es declarado inocente o puede por sus medios afrontar el pago que le imponga el juez, es la Adminstración Pública, que con el aval tiene un paracaídas y, pase lo que pase, cobrará si finalmente se demuestra que el exdirector del FMI es culpable de los delitos de los que se le acusa.
Así pues, despejamos toda duda sobre la naturaleza y licitud de esta operación, constatando que no hablamos ni de un préstamo ni de un crédito, y comprobamos que no ha habido trato de favor por parte de la entidad bancaria hacia Rato, pues, dentro de la normalidad de lo que es un producto negociado a diario por miles de personas, el avalado desembolsa un precio que la entidad bancaria considera suficiente y, por su parte, ésta se compromete a pagar una cantidad si finalmente el primero no puede afrontar la pena pecuniaria por sí mismo.
Entender Economía 